Omisión de consulta. Concesión minera Cal y Cemento Sur S.A. En esta sentencia la Sala identifica que “(…) si bien el derecho a la consulta previa emana del Convenio 169, [éste] no le otorga el carácter de derecho fundamental [al derecho a la consulta] (…)”. Así, concluye que “el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución como un derecho fundamental” por lo que, el mismo, no sería exigible a través de un proceso constitucional. Organización Caso Estrategia de litigio Sentencia Estado de ejecución de la sentencia NombreInstituto de Defensa Legal.PaísPerúDescripciónEl Instituto de Defensa Legal (IDL) es una institución de la sociedad civil fundada en 1983, que tiene como fin la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina.Ejes temáticosLa institución cuenta con equipos de trabajo interdisciplinario compuestos por abogados, comunicadores, sociólogos y psicólogos. Esta heterogeneidad enriquece nuestra labor y potencia nuestra incidencia. El IDL está conformado por áreas que hacen un dedicado seguimiento a las políticas públicas en temas que consideramos relevantes para el país, como la justicia, la seguridad, el medio ambiente y los pueblos indígenas. El ámbito de las comunicaciones es especialmente importante para nosotros. Contamos para ello con tres áreas: Ideele Radio, Revista Ideele e IDL-Reporteros. Nombre del casoOMISIÓN DE CONSULTA. CONCESIÓN MINERA CAL Y CEMENTO SUR S.A.Información de identificación de sentenciaSegundo Juzgado Civil de la Corte Suprema de Justicia de Puno Exp. 00665-2017-0-2101-JR-CI-02Resumen de los hechos del casoEste caso se centra en una acción de amparo interpuesta por comunidades indígenas en el distrito de Atuncolla, provincia de Puno, Perú. Los demandantes buscan la anulación de una concesión minera otorgada a la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., denominada "Acumulación Puno". Alegan que se vulneró su derecho a la Consulta Previa, ya que no fueron debidamente notificados acerca del proceso de concesión y no se llevó a cabo la consulta previa con las comunidades afectadas. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la demanda era inadmisible. Argumentó que los demandantes no habían agotado los recursos administrativos disponibles para impugnar la concesión minera y que el derecho a la Consulta Previa no está reconocido como un derecho fundamental en la Constitución peruana. Por lo tanto, concluyó que los hechos y el pedido de la demanda no estaban directamente relacionados con derechos protegidos constitucionalmente. Este caso plantea cuestiones significativas en torno a los derechos de las comunidades indígenas frente a proyectos extractivos y el procedimiento para otorgar concesiones mineras en el país.Derechos afectadosConsulta previaActores parte del procesoLegitimación activaComunidad Campesina de San José Principio Santa CruzAsociación de Productores Agropecuarios Asunción de Buena VistaEmpresa Comunal Los Ángeles Buena Vista Caracoto de la Comunidad Campesina San Salvador de CotosEmpresa Comunal Granja San Felipe de Buena VistaLegitimación pasivaMinisterio de Energía y MinasInstituto Geológico Minero Metalúrgico – INGEMMETEmpresa CAL & CEMENTO SUR S.A. PretensiónSe declare la nulidad de la concesión minera "Acumulación Puno" con código "010000302L", de titularidad de la Empresa CAL & CEMENTO SUR S.A.Se ordene al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) a cumplir con el proceso de Consulta Previa, en debida forma y extender a todas las comunidades que puedan resultar afectadas en el desarrollo del proyecto de exploración y explotación minera en cuestión. EstrategiaArgumentos del DerechoNormativa y jurisprudencia nacionalLey No. 25902 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, para sustentar el otorgamiento de títulos en favor de la comunidad campesinaNormativa y jurisprudencia internacionalArt. 1, 6 y 7 Convenio 169 de la OIT: Reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas indígenas, aplicación de la consulta previa sobre la utilización de territorio indígena o afectación sobre este.Art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas: Apoyo y cooperación entre los Estados y los pueblos indígenasArt. 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: Respeto y garantía del derecho a la propiedadArt 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial de las Naciones Unidas: Principio de igualdad y garantía.Art. 1 y 47 del Pacto de Derechos Económicos, sociales y Culturales de las Naciones Unidas: Derecho a la libre autodeterminación y respeto de los pueblos indígenasNormativa y jurisprudencia internacionalArgumentos procesalesNormativa y jurisprudencia nacionalArt. 1, 13 del Código Procesal Constitucional: Aplicación del amparo y el ofrecimiento de prueba se dará en la demanda y contestación de la demandaArt. 196 del Código Procesal Civil: La carga de la prueba le corresponde a quien afirma los hechos Normativa y jurisprudencia internacionalNo se aportanElementos probatorios claveTexto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444: el cual fue utilizado por la Sala para justificar que al no haber sido impugnado la Resolución Jefatural N° 02179-2002-INACC/J no se había agotado la vía previa. Hechos en controversiaCumplimiento de vías administrativas impugnatorias sobre las concesiones mineras.Reconocimiento del derecho a la Consulta Previa como un derecho fundamental.Motivación de la sentenciaFundamentos normativosTexto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, Artículo 281: el que consigna los recursos impugnativos RazonamientosLa Resolución Jefatural que aprueba el título de una concesión no metálica a favor de la demandada es un acto administrativo. En consecuencia, los demandantes y el litisconsorte necesario activo debieron presentar recursos administrativos conforme a lo establecido en el artículo 281 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. En este caso, ni los demandantes ni el litisconsorte necesario activo han demostrado haber impugnado dicha Resolución a través de los recursos administrativos correspondientes. Por lo tanto, recurrir directamente a través de un proceso de amparo, sin haber agotado previamente la vía administrativa, se considera improcedente debido a la falta de agotamiento de las vías previas. Por otra parte, es importante destacar que el derecho a la consulta previa no está reconocido como un derecho fundamental en la Constitución. A pesar de que este derecho se deriva del Convenio 169, dicho convenio no le otorga la categoría de derecho fundamental. En consecuencia, los hechos y la solicitud presentada en la demanda no se refieren directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Finalmente, el juez sostiene que, debido a los argumentos anteriores, la demanda de amparo debe ser declarada improcedente, incluyendo tanto la pretensión principal como la accesoria. En virtud de esta decisión, las entidades estatales demandadas quedan exentas del pago de costas y gastos procesales.  Aplicación del Control de ConvencionalidadNo fue aplicadoDesarrollo del derecho en cuestiónEn el fundamento 4.3 de la sentencia se señala que el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución como un derecho fundamental; y si bien el derecho a la consulta previa emana del Convenio 169, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.Resultado (medidas ordenadas)Declara IMPROCEDENTE la demanda. Medidas ejecutadasEn procesoMedidas pendientes de ejecuciónEn procesoObstáculos identificadosLitigio a nivel internacionalNo se inició litigio a nivel internacional Descargar Ficha Descargar Sentencia

El derecho al debido proceso de pobladores indígenas “(…) se tiene que los pueblos indígenas y originarios tienen derecho a ser consultados de forma previa (antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación), sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos. Por tanto, se concluye que INGEMMET antes de otorgar los títulos de concesión minera debió previamente realizar la consulta previa a los pueblos interesados si éstos eran susceptibles de ser afectados directamente.” Organización Caso Estrategia de litigio Sentencia Estado de ejecución de la sentencia NombreInstituto de Defensa Legal en alianza con Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA.PaísPerúDescripciónEl Instituto de Defensa Legal (IDL) es una institución de la sociedad civil fundada en 1983 y lleva más de 30 años en la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina.Ejes temáticosLa institución cuenta con equipos de trabajo interdisciplinario compuestos por abogados, comunicadores, sociólogos y psicólogos. Esta heterogeneidad enriquece nuestra labor y potencia nuestra incidencia. El IDL está conformado por áreas que hacen un dedicado seguimiento a las políticas públicas en temas que consideramos relevantes para el país, como la justicia, la seguridad, el medio ambiente y los pueblos indígenas. El ámbito de las comunicaciones es especialmente importante para nosotros. Contamos para ello con tres áreas: Ideele Radio, Revista Ideele e IDL-Reporteros. Nombre del casoInformación de identificación de sentencia2° JUZGADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAVELICA EXP 00106-2018-0-1101-JR-CI-01Resumen de los hechos del casoA lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el Estado peruano ha otorgado concesiones mineras a favor de personas naturales y jurídicas en territorios habitados por pueblos indígenas sin haber llevado a cabo previamente la consulta, de forma libre e informada, como lo exigen las normativas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La demandada es la titular del Proyecto Palcawanka, quien posee un total de 4 concesiones mineras aprobadas, sin haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas de las áreas afectadas por estas cuatro concesiones.Una de estas concesiones, la N° 01-0214 3-05, corresponde al proyecto Palcawanka, que abarca aproximadamente 800 hectáreas, y afecta a las comunidades campesinas de Palca, Manchaylla, Huayanay y Conaicasa. Las otras tres concesiones impactan a las comunidades campesinas de Palca, con las concesiones N° 01-02791-10 y 01-02792-10, y a la comunidad campesina de Palca y Conaicasa, con la concesión N° 01-02793-10. En ningún caso se llevó a cabo el proceso de consulta previa requerido por la legislación internacional de derechos humanos.Derechos afectadoLa consulta previa, a la libre determinación, a la tierra y el territorio, al uso de recursos naturales que se encuentran en su territorio y a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.Actores parte del procesoLegitimación activaRojas Solano, SimonChocca Garcia, Alejandro Y OtrosDe La Cruz Casavilca, MoisesDe La Cruz Diaz, MauricioChocca Garcia, AlejandroChavez Ccente, Marino PeleMaximo Ccente De La Cruz presidente Cc  Huayanay Centro Poma Ramos, Hector LidioCastellanos Ccente, DidiCcanto Lulo, CresilianoRojas Quispe, AndresLegitimación pasivaConsorcio Minero Palcawanka SAC Direccion General De Asuntos Ambientales MinerDireccion General De Asuntos Ambientales Mineros DGAAM  Ministerio De Energia Y Minas Minem  Procurador Público Del Ministerio de Energia y Minas Instituto Geologico Minero Metalurgico INGEMMET PretensiónSe declare fundada la demanda y reconozca que se ha violado los derechos fundamentales de nueve (9) Comunidades Campesinas.Declaren nulos y sin efectos jurídicos todos los actos administrativos no consultados; i) los títulos de las concesiones mineras, ii) el acto administrativo que aprueba la autorización de exploración y, iii) el acto administrativo que aprueba automáticamente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Minero. Ordenar a INGEMMET y al Ministerio de Energía y Minasque  que realicen un procedimiento de consulta previa, libre e informada, y obtenga el consentimiento de las Comunidades Campesinas afectadas. Inaplique las normas legales que regulan la notificación de concesiones mineras a través del Diario Oficial, en ejercicio de la facultad de control difuso reconocida en el artículo 138° segundo párrafo de la Constitución y el artículo 3 del Código Procesal Constitucional aprobado por Ley N° 28237 y, en consecuencia, deje sin efecto las Concesiones Mineras expedidas sobre el territorio de las Comunidades Campesinas relacionadas con el Proyecto Minero, por no haber sido efectiva y adecuadamente notificadas a las respectivas comunidades, dejando en indefensión el derecho al territorio, el derecho a la propiedad y el derecho a los recursos naturales de las mencionadas comunidades. Exhorte al Congreso de la República y al MINEM a que establezcan, a nivel Legislativo y reglamentario, la obligación de INGEMMET de notificar de forma concreta e impresa a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, sobre cuyo territorio se superponen las concesiones mineras, antes de expedirlas. Es decir; las notificaciones tienes que ser culturalmente adecuadas.EstrategiaArgumentos del DerechoNormativa y jurisprudencia nacionalLey de Comunidades Campesinas (no especifica un artículo), es usada para indicar que la licencia social entregada por la Comunidad Campesina de Palca fue realizada sin el quorum exigido por esta ley.Normativa y jurisprudencia internacionalConvenio 169 de la OIT art 1: Para indicar las características de una comunidad o población indígena. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT CEACR art 113: Para reiterar los requisitos previstos para la consideración de comunidades campesinas del Convenio 169 de la OIT Ley del Instituto Nacional de Pueblos andinos, art. 2, donde se señalan definiciones que abarcan a los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos.Ley General del Ambiente (28611), donde se afirman los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y su derecho a la consulta previa. Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo Nº 038-2001-AG), donde se establece los derechos de los pueblos indígenas y campesinas, junto con su derecho a la consulta previa.  Caso XAKMOK KASEK Vs. Paraguay, donde se identifica el criterio de autoconciencia como fundamental para que un pueblo se identifique como indígena o no.Argumentos procesalesNormativa y jurisprudencia nacionalNormativa y jurisprudencia internacionalElementos probatorios claveSe hace mención a los anexos N.º 15 y 16 donde se muestra las tradiciones y cultura de las comunidades.Concesión Minera de Resolución N.º 002614-2006-INACC/JConcesión Minera de Resolución N.º 004487-2010- INGEMMET/PCD/PMConcesión Minera de Resolución N.º 004031-2010- INGEMMET/PDC/PMConcesión Minera de Resolución N.º 003414-2012- INGEMMET/PCD/PM Hechos en controversiaLa controversia de este caso se centra en el presunto incumplimiento del derecho a la consulta previa por parte de entidades como INGEMMET y MINEM junto con el consorcio Palcawanka, lo cual implica lo siguiente: Determinar el estatus de pueblo indígena y originario y, por lo tanto, de titular del derecho de la consulta previa de los actores.Examinar si las concesiones mineras de las que es titular el consorcio Palcawanka requieren una consulta previa. En caso de requerir consulta previa, determinar qué derechos han sido vulnerados por la omisión de la consulta previa.Por último, determinar si es realmente necesario aplicar el control difuso con respecto a las normas legales que regulan la notificación de concesiones mineras a través del Diario Oficial.Motivación de la sentenciaFundamentos normativosConstitución Política del Perú Art 2 inciso 17 en concordancia con el Art 89 el derecho a la “consulta previa” se concretizaría a partir del derecho a la participación, individual o asociada, en la vida política, económica y cultural de la nación, que es reconocida en el derecho de los pueblos indígenas u originarios a la libre determinaciónArt 2 inciso 22 que desarrolla el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vidaArt 200 inciso 2 que señala cuando procede la Acción de Amparo.Art 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado en relación al Exp. N° 00763-2005PA/TC fundamento 8): Por el que se alegan las características de la tutela judicial efectiva y las garantías judiciales.Convenio N° 169 de la OIT - aprobado por Resolución Legislativa N° 26253Art 5: Los deberes en cuanto a las comunidades o pueblos indígenasArt 6: El deber del Estado de garantizar el desarrollo de consulta previa.Art 13: sobre el respeto a la relación entre la comunidad y la tierraArt 15.1: dispone una protección especial a los derechos a la utilización, administración y conservación de sus recursos naturalesArt 15.2: para señalar el momento en que debe efectuarse a la consulta.Ley N° 29785 “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT” el cual establece el procedimiento para implementar el derecho a la consulta previaArt 2 derecho a la consultaArt 5 sujetos del derecho a la consultaArt 17 entidad competenteRazonamientosEl juez procede a un análisis e interpretación de las normativas tanto internacionales como nacionales, incluyendo el Convenio N.º 169 de la OIT y la legislación peruana en relación a los derechos de las comunidades indígenas y originarias, así como las disposiciones concernientes a las concesiones mineras.Tras el análisis normativo, se lleva a cabo un examen de las características, costumbres y tradiciones de las Comunidades Campesinas de Palca y otras comunidades similares. Esto conduce a la conclusión de que, a pesar de las influencias de la modernidad en su estilo de vida, todavía retienen elementos fundamentales que los identifican como pueblos indígenas y originarios.En consecuencia, una vez se establece que se trata de un pueblo indígena originario, se determina que el Estado peruano tenía la obligación de llevar a cabo una consulta previa antes de otorgar los títulos de concesiones mineras, dado que la concesión minera implica la explotación de recursos minerales. Esta situación conlleva una grave afectación del derecho a la consulta previa, ya que se concedieron derechos mineros en áreas habitadas por pueblos indígenas y se omitió llevar a cabo la consulta previa, como se detalla en la página 30.Finalmente, el juez desestima los argumentos de los demandados, quienes sostenían que no existía una normativa específica que estableciera la obligación de realizar una consulta previa en el caso de las concesiones mineras. A partir de su razonamiento, el juez llega a la conclusión de que los actores son, de hecho, pueblos originarios y que se ha violado su derecho a la consulta previa, por lo que decide otorgar protección a dicho derecho  Aplicación del Control de ConvencionalidadLa Sala alude a este convenio para señalar en el fundamento 2.4 (desde página 11) las características, el objetivo y la importancia de la consulta previa en posible afectación de derechos e intereses de pueblos indígenas. Son de resaltar las páginas 18 –que señala las obligaciones internacionales del Estado según el Convenio 169- la página 20 –que alude a algunos fundamentos del caso Sarayaku vs Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- las páginas 21 y 22 –que aluden al tratamiento que el Tribunal Constitucional peruano reconoce en relación al Convenio- y las páginas 27 y 28 donde realiza el ejercicio de subsunción de la normativa internacional al caso en concreto.Desarrollo del derecho en cuestiónEl derecho principal en este caso es el de consulta previa, que se interpreta en relación lógica con otros derechos, en particular los siguientes: Se sostiene que la libre determinación, junto con la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra, forma la base de la configuración y sustento del derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OITDerecho a la libre determinación: Este derecho implica que los pueblos indígenas tienen la capacidad de organizarse de forma autónoma, sin interferencias políticas, económicas o de terceros, lo que conlleva el reconocimiento legal de la comunidad campesina.Derecho a la tierra y al territorio: Este derecho establece que los Estados deben reconocer la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios, así como sus derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente.Derecho al uso de recursos naturales en su territorio: Implica que las comunidades campesinas deben tener la posibilidad de ser consultadas y de gestionar sus propios recursos.Derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para la vida: Este derecho establece que las comunidades indígenas y campesinas tienen el derecho de desarrollarse en armonía con la naturaleza y reconoce al Convenio 169 de la OIT como una herramienta de complementación normativa e interpretativa de las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas, siendo vinculante tanto para el legislador como para los poderes públicos.Por último, se establece que la consulta previa debe llevarse a cabo mediante procedimientos apropiados, a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, y es constitucionalmente obligatoria cada vez que el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. Esta obligación se extiende a las comunidades, autoridades, asociaciones y demás entidades representativas de las comunidades cercanas o colindantes, con el fin de garantizar su derecho a participar en la toma de decisiones, incluso en relación a posibles poblaciones en aislamiento que puedan resultar afectadas.Se interpretó que la libre determinación, conjuntamente con la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra, sirve de base para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa reconocida en el Convenio 169.  Reconoce al Convenio 169 de la OIT, la función de complementar-normativa e interpretativamente, las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas, siendo vinculante tanto para el legislador como para los poderes públicos; y, que  La consulta previa debe realizarse mediante procedimientos apropiados, a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, siendo constitucionalmente obligatorio cada vez que el Estado prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, extendiéndose a las comunidades, autoridades, asociaciones y demás entidades representativas de las comunidades aledañas o colindantes, a fin de garantizar su derecho a la participación en la toma de decisiones, incluso frente a posibles poblaciones en aislamiento que puedan resultar afectadas.Resultado (medidas ordenadas)DECLARAR FUNDADA en parte la demanda de amparo por existir vulneración del derecho a la consulta previa (consulta previa y consentimiento) de los pueblos indígenas y por la amenaza que significa para sus derechos constitucionales a la libre determinación, al territorio, identidad cultural y religiosa, salud, y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, invocados en su demanda. DECLARAR la NULIDAD de los actos administrativos queConceden los títulos de las concesiones minerasAprueba la autorización de exploración Aprueba automáticamente la Declaración de Impacto AmbientalORDENAR al Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que realicen un procedimiento de consulta previa, libre e informada DECLARAR INFUNDADA la demanda en el extremo de inaplicar las normas legales que regulan la notificación de concesiones mineras a través del Diario Oficial, en ejercicio de la facultad de control difuso reconocida en el artículo 138° segundo párrafo de la Constitución y el artículo 3° del Código Procesal Constitucional. Medidas ejecutadasEn procesoMedidas pendientes de ejecuciónEn procesoObstáculos identificadosLitigio a nivel internacionalNo se inició litigio a nivel internacional Descargar Ficha Descargar Sentencia

Comunidad Juba Wajiín en defensa de su territorio.   “la finalidad de dichas concesiones implica[ba] la afectación al derecho que tiene [la comunidad Juba Wajiín] sobre los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio, pues sin ello, la supervivencia económica, social y cultural de dicha comunidad indígena está en riesgo”  Organización Caso Estrategia de litigio Sentencia Estado de ejecución de la sentencia Jurisprudencia Interamericana NombreCentro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" PaísMéxicoDescripciónONG basada en la montaña de Guerrero, fundada en Tlapa de Comonfort en 1994. Acompaña casos de violaciones a derechos humanos desde una perspectiva de defensa integral, que comprende la defensa jurídica, la comunicación social, el acompañamiento comunitario y la incidencia a nivel nacional e internacional.Ejes temáticosTrabaja con los pueblos indígenas Me'Phaa, Na Savi, Naua, Nnnancue y mestizos en la defensa de sus derechos humanos, tales como: Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Derechos Civiles y Políticos; y Derechos de las Mujeres. Nombre del caso Defensa del territorio de la comunidad Juba Wajiín frente a extractivismo minero.Información de identificación de sentenciaJuzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. Resolución número 1131-2013. 6 de febrero de 2014. Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero. Resolución número 429/2016. 28 de junio de 2017. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Resolución número 560/2017. 8 de octubre de 2019. Resumen de los hechos del caso La comunidad indígena Juba Wajiín (San Miguel del Progreso) se vio afectada por el otorgamiento, en su territorio ancestral, de concesiones para exploración minera sin la realización de una consulta previa, libre e informada. Dicha situación fue posible ya que la Ley Minera permite el otorgamiento de concesiones sin la realización de consultas previas a los pueblos afectados. Los distintos procedimientos judiciales interpuestos por la comunidad, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron exitosos ya que en tres ocasiones las autoridades judiciales han emitido resoluciones en las cuales ordenan la cancelación de las concesiones que se encuentran en el territorio de la comunidad. Sin embargo, los procesos fueron resueltos para el caso específico de la comunidad Juba Wajiín, ya que no fue posible lograr la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Minera que facultaron la afectación.Derechos afectadosIdentidad cultural, propiedad colectiva, seguridad jurídica y consulta previaActores parte del procesoLegitimación activa  Comunidad indígena Juba WajiínLegitimación pasivaSecretaría de Economía PretensiónGarantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. Reconocer que la declaratoria de “libertad de terreno” consiste en una violación a los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas y a la consulta previa. Cancelación de las concesiones mineras que afectaban el territorio de la comunidad. Declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera.EstrategiaEl acompañamiento de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se basa sobre una estrategia de defensa integral, la cual incluye: defensa jurídica; fortalecimiento comunitario, e incidencia. En virtud de lo anterior, además de los procedimientos judiciales, se logró conformar el Consejo de Comunidades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) que agrupa a cerca de 30 núcleos agrarios, entre los cuales se encuentra el de San Miguel del Progreso; se realizó un documental en lengua Me’Phaa en el cual miembros de la comunidad explican por qué y cómo luchan por el territorio y la vida, y se inscribió, ante el Registro Agrario Nacional, un estatuto comunal, redactado de manera colectiva en su lengua propia, en el que la comunidad Juba Wajiín determinó el uso y reglas de convivencia en su territorio. Argumentos del DerechoNormativa y jurisprudencia nacionalArtículo 1 de la Constitución Política. Este artículo hace referencia al respeto de los derechos humanos y su especial protección con base en los tratados internacionales de los que México es parte. Artículo 27 de la Constitución Política. Este artículo hace referencia al derecho a la propiedad privada. Elemental para la defensa del territorio de la comunidad Juba Wajiín. Artículos 1°, 2° fracciones V y VI, 14, 16, 25, 27 fracción VII y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Normativa y jurisprudencia internacionalArtículos 6, 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT. Estos artículos, en conjunto, hacen alusión al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y el derecho al territorio con base en la cosmovisión de estos pueblos. Argumentos ProcesalesNormativa y jurisprudencia nacionalArtículos 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo. Artículo 81 y 84 de la Ley de Amparo. Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del aludido Centro Auxiliar Normativa y jurisprudencia internacionalNo se utilizó.Elementos probatorios claveActa de rechazo a la minería levantada por la comunidad Juba Wajiín Peritaje en materia antropológica en el cual se demuestra el apego de la comunidad de San Miguel a su territorio. Hechos en controversiaInterés legítimo de la comunidad para reclamar el otorgamiento de las concesiones mineras; Afectación generada a la comunidad por el otorgamiento de las concesiones; Afectación a la comunidad generada por la declaratoria de libertad de terrenos; Reconocimiento de la comunidad Juba Wajiín como pueblo indígena Motivación de la sentenciaFundamentos normativosConvenio 169 de la OIT. Este instrumento fue utilizado como fundamento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo hace referencia al derecho a la propiedad. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento fue utilizado para fundamentar los derechos culturales de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Recomendación General número 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (UNCERD). Esta recomendación fue utilizada para fundamentar el principio de igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas y el deber de adoptar una especial atención debido a sus condiciones de vulnerabilidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Sarayaku vs. Ecuador y Caso Saramaka vs. Surinam. En ambos casos la Corte IDH Tesis CCXXXIV/2013 (10a.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis CCXXXV/2013 (10a.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 1a. CCXII/2009. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. RazonamientosReconocimiento de la autodeterminación como elemento fundamental para establecer la identidad indígena de una comunidad. Reconocimiento de la protección especial a los territorios indígenas en el ordenamiento jurídico mexicano, los recursos naturales del subsuelo; Reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada a partir del derecho internacional de los derechos humanos; Establecimiento de los criterios mínimos que debe satisfacer el procedimiento de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, a saber: previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe, endógena, libre, pacífica, democrática, equitativa, socialmente responsable y autogestionada. Aplicación del Control de ConvencionalidadLas autoridades judiciales fundamentaron sus resoluciones haciendo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Sarayaku vs. Ecuador y Caso Saramaka vs. Surinam), de donde se desprende que la consulta ostenta un triple propósito:  (1) Garantizar que grupos vulnerables cuenten con una participación efectiva en decisiones que comprometan el goce pleno de sus tierras, atendiendo en esos procesos a costumbres y tradiciones de esos pueblos;  (2) Garantizar que toda medida administrativa o legislativa que se tome sobre sus tierras contemple también beneficios razonables para todas las personas con un interés legítimo sobre la propiedad colectiva de las tierras:  (3) Garantizar que no se ejecutará ninguna determinación dentro del territorio de los pueblos indígenas a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Este último aspecto del triple propósito de la consulta implica también que durante una audiencia previa se le informe de la totalidad de los riesgos y secuelas que pueden derivarse de proyectos de desarrollo sobre sus tierras. Desarrollo del derecho en cuestiónAutodeterminación como indígena: de acuerdo con la constitución mexicana será indígena quien se identifique como tal, lo cual comprende que las personas se autoadscriban y autoreconozcan como “índigenas”, asumiendo el individuo como propio pautas culturas y rasgos sociales de ese grupo del que afirma ser parte. Esta premisa no debe ser interpretada como una conclusión inferencial o subjetiva, sino que su validez está condicionada por varios elementos objetivos que deben constatarse en el caso concreto, a saber, (i) continuidad histórica, (ii) conexidad territorial y (iii) instituciones sociales. Consulta previa: el momento en el que debe efectuarse la consulta es previo a la emisión de una declaratoria de libertad de terreno en el Diario Oficial de la Federación, es decir, de manera previa a que las empresas mineras puedan solicitar una concesión sobre un territorio indígena. También se precisan las características que debe tener la consulta: previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe, endógena, libre, pacífica, democrática, equitativa, socialmente responsable, auto-gestionada. La falta de realización de la consulta constituye en sí misma una violación de un derecho humano aun cuando no se haya producido una afectación materialmente verificable. La consumación de este derecho es conexa con la realización, a su vez, de otros derechos Civiles y Políticos, tales como el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones, y el acceso a la justicia. Interés legítimo: No requiere una privación directa de su derecho inherente, sino que es suficiente con la sola posibilidad de eventuales afectaciones, ya que es precisamente a través de la consulta previa que puede evitarse que estas afectaciones se materialicen. Resultado (medidas ordenadas)Declaratoria de nulidad de las concesiones otorgadas en el territorio de la comunidad Juba Wajiín. Publicación de la resolución en el Diario Oficial.  Medidas ejecutadasSe declaratoria de nulidad de las concesiones otorgadas en el territorio de la comunidad Juba Wajiín. Publicación de la resolución en el Diario Oficial. Medidas pendientes de ejecuciónNo hay medidas pendientes de ejecuciónObstáculos identificadosNo se identificaron obstáculos.Litigio a nivel internacionalNo se emprendió litigio a nivel internacional. •    Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Párrs. 159 – 163.  https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf •    Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172.https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf  Descargar Ficha Descargar Sentencia

Falta de consulta, previa, libre e informada, en proceso de otorgamiento de licencia "(…) el derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas constituye un derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación, cuyo reconocimiento surge como resultado de la conciencia internacional de la necesidad de establecer a favor de dichas poblaciones - debido a la marginación a la que históricamente han sido sometidas por factores ligados a sus identidad cultural - una garantía de igualdad en cuanto a su aptitud real de pronunciarse e influir sobre aquellas disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida, a fin de situarla en el mismo plano que le corresponde a cualquier grupo de ciudadanos(…) conlleva para el Estado la obligación de (…) aplicar procedimientos (…) previo a la consumación de acciones gubernamentales que supongan la afectación directa a esas poblaciones (…)"  Organización Caso Estrategia de litigio Sentencia Estado de ejecución de la sentencia Jurisprudencia Interamericana NombreCentro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala –CALAS.PaísGuatemalaDescripciónCALAS es una Asociación civil no gubernamental, no lucrativa y exenta del Impuesto Sobre la Renta –ISR-, que data del año 2000, sin afiliación política ni religiosa. Su función social tiene matices académicos, de investigación, educación en cuestiones jurídicas y ambientales en el campo del desarrollo comunitario. Ejes temáticosSomos una organización de derechos humanos especializada en desarrollar procesos legales e incidencia estratégicos nacional e internacional, y formación ciudadana para la protección del ambiente sano el agua, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y no indígenas vulnerados, así como el trabajo libre-adecuado de las defensoras defensores de derechos humanos. Nombre del caso Progreso VII Derivada. / Licencia el TamborInformación de identificación de sentenciaExpediente. 1592-2014. 28 de junio de 2016. Corte Suprema de Justicia, constituida en tribunal de amparo. Resumen de los hechos del casoEl caso nace de la licitación de la minera Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA) en el municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, la falta de consulta a la comunidad y la violación de sus derechos fundamentales e inherentes.  En noviembre del 2011, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó la licencia de explotación minera a EXMINGUA pese a gestiones de pobladores cercanos al proyecto en las cuales se señalaban vicios en el procedimiento desde 2011, mujeres, niños y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operación de la mina en una región campesina y con escasez de agua en el país centroamericano. A pesar de una campaña de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día. La Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Energía y Minas anular el expediente identificado como LEXT-054-08, entre esa dependencia y la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, en el cual consta la autorización para efectuar los trabajos extractivos. Ya que violaba los derechos de las comunidades, La resolución fue emitida por unanimidad por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.Derecho afectadoIdentidad culturalActores parte del procesoLegitimación activa Comunidades de los municipios de San José de Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de GuatemalaLegitimación pasivaEl Estado de Guatemala / Kappes, Cassiday & Associates (KCA)  PretensiónEl reclamo de un derecho fundamental por parte de los agraviados y el espíritu del derecho de consulta a los pueblos indígenas. Se interpuso la Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual la Corte resuelve a favor de la comunidad, decretando el amparo provisional y que la empresa dejara de seguir trabajandoEstrategiaEl reclamo de un derecho fundamental por parte de los agraviados y el espíritu del derecho de consulta a los pueblos indígenas. Se interpuso la Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual la Corte resuelve a favor de la comunidad, decretando el amparo provisional y que la empresa dejara de seguir trabajandoArgumentos del DerechoNormativa y jurisprudencia nacionalEl artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala La Constitución Política de la República de Guatemala (en adelante constitución), que refiere que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.  El artículo 67 de la Constitución que refiere a la protección de las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, garantizando su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.  El artículo 68 de la Constitución que establece que las tierras para comunidades indígenas mantendrán su sistema tradicional de vida Mediante programas especiales y legislación adecuada, para ello el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten. El artículo 63 del Código Municipal que establece la consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos.  El artículo 64 del Código Municipal que establece que los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio.  El artículo 65 del Código Municipal que hace alusión a las consultas de las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias. Normativa y jurisprudencia internacionalEl artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Referido al derecho de los pueblos indígenas de participar en las decisiones que pueden afectar sus formas de vida.Argumentos ProcesalesNormativa y jurisprudencia nacionalEl artículo 46 de la Ley de Minería que faculta la oposición a la inserción de un proyecto cuando se advierta que este proyecto pueda causar perjuicios. El artículo 47 de la Ley de Minería. Referido al trámite de la oposición. Artículo 10 de la Ley de Amparo en Guatemala, referido a la Procedencia del amparo.  El artículo 81 de la Ley de Amparo, referido a la exhibición Personal y de ConstitucionalidadNormativa y jurisprudencia internacionalNo se hizo referenciaElementos probatorios claveDictamen número DIC-CIM-seiscientos nueve -cero ocho (DIC-CIM-609-08) manifestó que se analizó el área de solicitud de explotación derivada de la licencia Progreso VII Derivada, determinándose que si cumplía para un área disponible de veinte mil kilómetros cuadrados, según el plano y las coordenadas de ubicación utilizadas para el cálculo del área. Dictamen DIC.SM.DM -setenta y uno –dos mil nueve (DIC.SM.DM-71-2009) de fecha doce de marzo de dos mil nueve, la sección de supervisión minera del departamento de derechos mineros, manifestó que el producto minero que sería explotado se designa como “oro y plata” y se considera el nombre apropiado, estableciendo que el área presenta condiciones técnicas adecuadas para una explotación racional y no presenta peligro para la infraestructura, la vida humana y el medio ambiente; La unidad de asesoría jurídica del Ministerio de Energía y Minas, mediante dictamen número cuatrocientos once -VII-dos mil once (411-VII-2011) de fecha cuatro de julio de dos mil once emitió opinión favorable para el otorgamiento de la licencia de explotación denominada Progreso VII Derivada, Resolución de fecha número tres mil trescientos noventa y cuatro (3394) emitió la Licencia de Explotación Minera a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, denominándose Progreso VII Derivada, confiriéndole a la titular dentro del perímetro de la licencia, facultad exclusiva para explotar los productos mineros denominados oro y plata, dentro de un perímetro de diez kilómetros lineales por el plazo de veinticinco años. Se prescindió del período probatorio mediante resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; no obstante, se admitieron como medios de prueba los siguientes: d.1) expediente administrativo número SEXT -cero cincuenta y cuatro -cero ocho (SEXT-054-08), del Ministerio de Energía y Minas; y, d.2) presunciones legales y humanas.  Hechos en controversiaFalta de consulta a los pueblos indígenas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, GuatemalaMotivación de la sentenciaIncumplimiento de la consulta a pueblos indígenas, consentimiento libre, previo e informado.Fundamentos normativosAntes de la concesión de la licencia de Proyecto Derivada VII no se realizó el proceso de consulta previa a la comunidad, en la que se pudiera informar sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre los Derechos de los Pueblos Originarios. Es por eso por lo que el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) presentó un amparo el 29 de agosto de 2014, en el que indica que el Estado falló al no consultar a las comunidades aledañas previo a la explotación del territorio. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Convención Americana sobre Derechos Humanos –ratificada por Guatemala en mil novecientos setenta y ocho–. Artículo 21. Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.; párrafo 154. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.); párrafo 211. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrafo 149.  Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185.  Párr. 128 a 133 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 32, numerales 2 y 3. RazonamientosLa Corte Suprema de Justicia, Constituida en Tribunal de Amparo. Guatemala, resuelve el amparo presentado por el Centro de Acción Legal – Ambiental y Social de Guatemala con base en nueve considerandos, de los cuales el considerando III, V, VI, VII, VIII, son los más relevantes. En cuanto al considerando III, la Corte hace un análisis de los artículos 44, 46, 66 y 67 de la Constitución Política de Guatemala. Toda vez, que en ellas se desarrollan los derechos inherentes a la persona humana (art. 44) desde una perspectiva del principio de igualdad y no discriminación; la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno (art. 46); la protección de los grupos étnicos (art. 66); y la protección de las tierras y cooperativas agrícolas indígenas (art. 67). Asimismo, en cuanto al considerando V, la Corte analiza diversos instrumentos internacionales que pertenecen al Bloque de Constitucionalidad, tales como: a) el Convenio 169 de la OIT; b) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, c) la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y, d) la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.  En este sentido, concluyó que el Compromiso de Guatemala con relación a los derechos de los pueblos indígenas se expresa en varios componentes. Estos son: a) su reconocimiento normativo propiamente dicho y, por ende, su inserción al Bloque de constitucionalidad como derecho fundamental , por virtud de lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de  la República de Guatemala; b) consecuentemente, la obligación de garantizar la efectividad del derecho en todos los casos en que sea atinente; y c) el deber de realizar las modificaciones estructurales que se  requieran en el aparato estatal - sobre todo en cuanto a la legislación  aplicable -  a fin de dar cumplimiento a esa obligación de acuerdo a las circunstancias propias del país. Por otro lado, respecto al considerando VI la  Corte analiza las características de la consulta obligatoria y establece que  "... el derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas constituye un derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación, cuyo reconocimiento surge como resultado de la conciencia internacional de la necesidad de establecer a favor de dichas poblaciones - debido a la marginación a la que históricamente han sido sometidas por factores ligados a sus identidad cultural - una garantía de igualdad en cuanto a su aptitud real de pronunciarse e influir sobre aquellas disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida, a fin de situarla en el mismo plano que le corresponde a cualquier grupo de ciudadanos... conlleva para el Estado la obligación  de ... aplicar procedimientos ... previo a la consumación de acciones gubernamentales que supongan la afectación directa a esas poblaciones...". A su vez, la Corte en el considerando VII analiza la dimensión colectiva del artículo del derecho a la consulta previa. Finalmente, la Corte en el considerando VIII, establece que: " ... a) el Derecho de Consulta Previa  de los Pueblos indígenas, es de carácter constitucional , por lo que forma parte del catálogo de derechos fundamentales reconocidos e incorporados en el Bloque de Constitucionalidad de Guatemala, en el entendido que el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para examinar la vulneración de aquellos derechos contenidos en tratados internacionales que reconozcan  derechos fundamentales, esto al realizar una integración armónica conforme el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala; b) al constituir la consulta previa un derecho fundamental, es de imperatividad absoluta, por lo que goza del principio de supremacía constitucional, en consecuencia, todos los procedimientos de explotación minera que se realicen en Guatemala, deben observar obligatoriamente este derecho  fundamental de carácter colectivo. Aplicación del Control de Convencionalidad Sí se aplicó el Control de convencionalidad. La resolución de la CC confirmó el amparo provisional que le otorgó la CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) en noviembre de 2015, que argumentó que no se había respetado el derecho de consulta de las comunidades de San José El Golfo y San Pedro Ayampuc.Desarrollo del derecho en cuestión"(…) el derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas constituye un derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación, cuyo reconocimiento surge como resultado de la conciencia internacional de la necesidad de establecer a favor de dichas poblaciones - debido a la marginación a la que históricamente han sido sometidas por factores ligados a sus identidad cultural - una garantía de igualdad en cuanto a su aptitud real de pronunciarse e influir sobre aquellas disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida, a fin de situarla en el mismo plano que le corresponde a cualquier grupo de ciudadanos(…) conlleva para el Estado la obligación de (…) aplicar procedimientos (…) previo a la consumación de acciones gubernamentales que supongan la afectación directa a esas poblaciones (…)"  Resultado (medidas ordenadas)Deja en suspenso, en cuanto al reclamante, el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala denominada “PROGRESO VII DERIVADA” Expediente número LEXT- cero cincuenta y cuatro - cero ocho (LEXT-054-08) otorgado a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, emitida por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Restituye a los representados de la entidad postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución;  Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de los representados de la entidad postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de mil quetzales, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de tres días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. Medidas ejecutadasPreparación de la consulta por medio del Ministerio de Energía y Minas. La cual está pendiente de realizarse debido al proceso previo del caso el Escobal en Santa Rosa.Medidas pendientes de ejecuciónEl cumplimiento es parcial pues existe incertidumbre sobre el futuro de las operaciones de la empresa, pues la defensa de la empresa minera iniciará un proceso de arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados Unidos. El proceso establecido por el Ministerio de Energía y Minas se compone de siete fases: Reuniones iniciales, pre-consulta Presentación de la información del proyecto Evaluación de ésta por la comisión de Pueblos Indígenas Procesos de diálogo intercultural Establecimiento de acuerdos y monitoreo y seguimiento. Obstáculos identificadosLa falta de experiencia del Estado en casos de litigio internacional y aplicación del convenio 169 de la OIT. Litigio a nivel internacionalEl 16 de mayo de 2018 KCA presentó la intención de su demanda en contra del Estado de Guatemala ante el CIADI, por un monto que rondaría los US$ 300 millones. Para KCA la decisión tomada, tanto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como posteriormente por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, dejaba ver el trato injusto hacia la empresa al ordenarles la suspensión del proyecto El Tambor. •    Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. Párr. 154. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf •    Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Párr. 159 – 163 y 211.  https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf •    Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrafo 149.https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf •    Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185.  Párr. 128 a 133https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_esp.pdf  Descargar Ficha Descargar Amparo