Nombre del caso

Reconocimiento del Río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos.

Información de identificación de sentencia

Resolución número 14. Expediente 00010-2022-0-1901-JM-CI-01.

Resumen de los hechos del caso

El Río Marañón, un recurso natural vital para las comunidades indígenas de Loreto, ha sido afectado por actividades humanas, incluyendo derrames de hidrocarburos atribuidos al deterioro del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú. Así, tramos del oleoducto presentan un deterioro significativo, lo que ha causado derrames de hidrocarburos, afectando tanto el río como los ecosistemas circundantes. Las instituciones públicas responsables, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y Petroperú, han sido señaladas por omitir acciones concretas de prevención, conservación y remediación de los daños causados al río y a las comunidades indígenas. La demanda busca el reconocimiento legal del río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos, similar a modelos implementados en otras jurisdicciones, para garantizar su protección.

Derechos afectados

• Derecho a un Ambiente Saludable, Equilibrado y Adecuado: reconocido en el artículo 2, inciso 22, y el artículo 89 de la Constitución del Perú y en la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), que garantiza a todas las personas el derecho a vivir en un ambiente que permita el pleno desarrollo de la vida.
• Derecho a la participación en la administración y conservación de los recursos naturales: artículo 15 Convenio 169 OIT.
• Protección de sus valores sociales, culturales, religiosos y espirituales: artículo 5, 13 y 15 (inciso 2) Convenio 169 OIT.
• Derecho a la vida y a la salud
• Derecho a la subsistencia
• Derecho a la participación: reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT y la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la gestión y conservación de los recursos naturales que afectan su territorio.

Actores parte del proceso

Legitimación activa

Representantes indígenas y miembros de la comunidad Kukama. Mariluz Canaquiri Murayari, Celia Fasabi Pizango, Gilda Fasabi Saavedra, Emilsen Flores Simon, Rosa Isabel Tamani Tapayuri.

Legitimación pasiva

Petroperú, Ministerio de Ambiente, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Loreto, Gerencia General de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto.

Pretensión

• Reconocimiento del Río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos, destacando su valor espiritual y ecológico.
• Constitución del Consejo de Cuenca Interregional del Río Marañón, con participación activa de organizaciones indígenas de Loreto con capacidad de decisión. Además de solicitar la creación de comités de subcuenca o microcuenca por cada río tributario del bajo Marañón en la región de Loreto.
• Reconocimiento y nombramiento del Estado y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes.
• Exigencia a Petroperú de realizar mantenimiento y reemplazo del Oleoducto Norperuano, así como la actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental.
• Actualizar el instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano.

Estrategia

Exigir la garantía de los derechos a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación mediante un recurso de protección, argumentando que la inacción de los órganos públicos se ha extendido por largos años y ha puesto en riesgo, a través de una amenaza cierta e incontestable, la salud, la vida y el derecho a un ambiente sano de los vecinos de la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. La inefectiva acción de los órganos estatales no permitió superar la situación de contaminación ni salvaguardar la salud de los vecinos. 

Argumentos del Derecho

Normativa y jurisprudencia nacional

• Constitución Política del Perú:
  
  • Artículo 1: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
  • Artículo 2.19: Reconoce que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural.
  • Artículo 2.22: Reconoce que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
  • Artículo 67: el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales.
  • Artículo 89: Garantiza los derechos de las comunidades campesinas y nativas, promoviendo su desarrollo y la protección de su identidad cultural.
  • Artículo 200, inciso 2, párrafo primero: Establece los procesos de amparo como mecanismos para la defensa de derechos constitucionales.

Leyes

• Ley General del Ambiente (Ley 28611):
  
  • Artículo 1: Derecho y deber de toda persona de vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para la vida.
  • Artículo 66: La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión ambiental, es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de la persona
  • Artículo 85.1: promoción de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales por parte del Estado.
  • Artículo 114: El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población.
• Ley Marco de la Gestión Ambiental (Ley 28246): 
  
  • Artículo 3: El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
• Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338):
  
  • Título preliminar (artículo 3.5): Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y comunidades nativas.
  • Artículo 1: El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la nación.
  • Artículo 3: Declárese de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.
  • Artículo 24 (Naturaleza de los Consejos de Cuenca): los Consejos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional, creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.
  • Artículo 64 (Derechos de comunidades campesinas y de comunidades nativas): El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la Constitución
  • Política del Perú, la normativa sobre comunidades y la Ley
  • Artículo 75: La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuencas, debe velar por la protección del agua, que incluye la conservación y protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco de la Ley y demás normas aplicables. Para dicho fin, debe coordinar con las instituciones públicas competentes y los diferentes usuarios.
• Código Procesal Constitucional:
  
  • Artículo 5, inciso 4: indica que los procesos constitucionales no son procedentes si existen vías igualmente eficaces
  • Artículo 12: regula las excepciones procesales y el trámite de demandas constitucionales.

Normativa y jurisprudencia internacional

• Convención Americana sobre Derechos Humanos
  
  • Artículo 26:  El derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la interpretación conjunta del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 11 del Protocolo de San Salvador.
• Convenio 169 de la OIT: 
  
  • Artículo 5: Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente.
  • Artículo 13.2: la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados.
  • Artículo 15.1: Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente
  • Artículo 15.2: reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la administración y conservación de los recursos naturales.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblo Indígenas:
  
  • Afirma la importancia de respetar los derechos culturales, territoriales y ambientales de los pueblos indígenas.
  • Establece la obligación de los Estados de garantizar que las comunidades indígenas sean consultadas de manera previa e informada sobre proyectos que afecten sus territorios​.
• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo:
  
  • Principio 22: Reconoce el papel fundamental de las comunidades indígenas y locales en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales.
• Opinión Consultiva OC-23/17:
  
  • Reafirma el derecho al medio ambiente sano como autónomo y resalta la obligación de los Estados de aplicar el principio precautorio para prevenir daños graves o irreversibles al medio ambiente, incluso en ausencia de certeza científica​.
• STC N.º 322/2023, Expediente N.º 03383-2021-PA/TC (Loreto Willian Navarro Sajami y otro)
  
  • La Constitución del Perú tutela a la naturaleza en sí misma, reconociendo el valor intrínseco de los elementos naturales y sus derechos, en concordancia con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la naturaleza.
• STC N.º 976-2001-AA/TC:
  
  • El proceso de amparo no tiene por objeto dirimir la titularidad de derechos, sino restablecer el ejercicio de estos cuando han sido vulnerados, destacando la agilidad del proceso de amparo.
• STC N.º 4360-2018
  
  • La Corte Suprema de Colombia, sostuvo que las generaciones futuras pueden presentar demandas para proteger sus derechos a un medio ambiente saludable, la vida, el alimento, el acceso al agua y la salud, y que la Amazonia colombiana es un sujeto titular de derechos con derecho a protección legal, sostuvo que “el derecho fundamental a la vida, la salud, las necesidades básicas, la libertad y la dignidad humana está vinculado y determinado significativamente por el ambiente y el ecosistema.

Argumentos Procesales

Normativa y jurisprudencia nacional

El proceso no debía tramitarse como una acción de amparo porque existían vías ordinarias específicas, como procedimientos administrativos, que debían agotarse primero. Sin embargo, se declara que el amparo es procedente debido a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a un daño grave e irreparable.

Normativa y jurisprudencia internacional

• Principio de precaución: los Estados miembros en materia ambiental deben orientarse por el principio precautorio. Los Estados deben actuar de acuerdo con el principio de precaución ante posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, incluso en ausencia de certeza científica.
• Principio de progresividad: fundamenta la flexibilización de normas para garantizar el acceso efectivo a la justicia por parte de las comunidades indígenas, reconociéndose como sujetos vulnerables y tradicionalmente marginados del aparato judicial.

Elementos probatorios clave

• Declaraciones de los demandantes (presentaron testimonios que destacan los impactos de los derrames de petróleo en su subsistencia y salud, incluyendo la contaminación del agua del río Marañón y la presencia de metales pesados en su sangre​)
• Audiencia única: se realizó una audiencia presencial y virtual, en la que los abogados de las partes expusieron sus argumentos y los representantes de la comunidad testificaron sobre los hechos y fundamentos de la demanda.
• Informes técnicos: 
  
  • Informe de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que corroboró la ejecución de medidas correctivas por parte de Petroperú en el manejo ambiental del Oleoducto Norperuano.
  • Informe técnico N°0011-2023-AAA-AAA.A-ALAIQ/CPC, emitido por la Autoridad Nacional del Agua, que detalla las competencias relacionadas con la conformación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
  • Escritos de Amicus Curiae: presentaciones de expertos como la Dra. Cristina Blanco Vizarreta, investigadora en derechos humanos, y la ONG Earth Law Center, que brindaron perspectivas legales y ambientales sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza​.

Hechos en controversia

Las autoridades competentes no han cumplido con su deber de prevenir y mitigar los daños al río Marañón, afectando la subsistencia de las comunidades indígenas que dependen de él. Asimismo, los derrames de petróleo han generado daños significativos al ecosistema del río Marañón, y exigen que Petroperú actualice su Instrumento de Gestión Ambiental conforme a las normativas existentes.

Motivación de la sentencia

Fundamentos normativos

El fundamento normativo de la demanda radica en la aplicación de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho a un ambiente equilibrado (art. 2 y 67), el Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales (art. 5, 13 y 15), y la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), que prioriza la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos. Estos se complementan con la jurisprudencia internacional, como la Opinión Consultiva 23/2017 de la Corte IDH, que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza y los principios preventivo y precautorio. También se invoca el principio de progresividad para avanzar en la protección ambiental y garantizar el acceso efectivo a la justicia de comunidades indígenas vulnerables.

Razonamientos

• Se declara al río como sujeto de derechos, se reconoce su valor intrínseco y la necesidad de adoptar una orientación precautoria para protegerlo, considerando su rol crucial para los ecosistemas y la subsistencia de las comunidades indígenas y futuras generaciones​.
• El tribunal adopta el principio precautorio, que exige tomar medidas para evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente incluso ante la incertidumbre científica. Esto se fundamenta en el artículo VII de la Ley General del Ambiente y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH.
• El tribunal reconoce los derechos de las comunidades indígenas a un ambiente sano y a participar en la administración de recursos naturales, conforme a la Constitución y el Convenio 169 de la OIT​​.
• Ante la vulnerabilidad y aislamiento de las comunidades indígenas, el tribunal flexibiliza los requisitos de procedibilidad, garantizando su acceso efectivo a la justicia en casos de afectación a derechos fundamentales​

Aplicación del Control de Convencionalidad

Se realizó una evaluación con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales vinculados al derecho a un medio ambiente sano. El derecho a un medio ambiente sano es autónomo y colectivo, protegido como un derecho humano en sí mismo. Cuenta con un valor intrínseco de la naturaleza y la aplicación obligatoria de los principios preventivo y precautorio en casos de posible daño ambiental​.
El tribunal integró el derecho a un medio ambiente sano reconocido en el ámbito internacional a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26) y la jurisprudencia de la Corte IDH, dándole prioridad sobre interpretaciones locales que pudieran limitar este derecho. Así, los estándares internacionales se armonizaron con la Constitución Política del Perú (artículo 2.22) y la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), para garantizar que la protección del medio ambiente cumpla con los compromisos internacionales asumidos por el Estado​.

Desarrollo del derecho en cuestión

El derecho a un medio ambiente sano se fundamenta en el artículo 2, inciso 22, de la Constitución del Perú, que garantiza el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Este derecho fue interpretado en relación con el artículo 67, que obliga al Estado a promover el uso sostenible de los recursos naturales​. Asimismo, se destacó que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo que trasciende los derechos individuales, protegiendo intereses colectivos y las generaciones futuras. Este desarrollo se apoyó en la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH. Por tanto, el desarrollo del derecho al medio ambiente sano incluyó el reconocimiento de la relación espiritual, cultural y de subsistencia que las comunidades indígenas tienen con el río Marañón. Esto fortaleció la conexión entre el derecho ambiental y los derechos colectivos indígenas protegidos por el Convenio 169 de la OIT

Resultado (medidas ordenadas)

• No se reconoce al río Marañón como sujeto de derechos, pero se declara que el Estado debe reconocer su valor intrínseco. Asimismo, el tribunal establece la obligación de adoptar medidas precautorias para su protección, prevención y conservación debido a su importancia para los ecosistemas, las comunidades nativas y las generaciones futuras​.
• Se ordena a Petroperú S.A que, en un plazo de seis meses, complete los trámites para actualizar su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), incluyendo la evaluación integral de los impactos de las actividades del Oleoducto Norperuano y asumiendo compromisos ambientales. Además, se deben realizar consultas previas con las comunidades indígenas afectadas.
• Se ordena a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la constitución del Consejo de Cuenca Interregional del Río Marañón con participación de las comunidades indígenas y la creación de comités de subcuenca o microcuenca en la región de Loreto​.
• Se reconoce a las comunidades indígenas y al Estado como guardianes y representantes del río Marañón, con la facultad de intervenir en decisiones que puedan afectar directa o indirectamente.

Medidas ejecutadas

Medidas pendientes de ejecución

Obstáculos identificados

Litigio a nivel internacional