Nombre para referencias

Amicus Curiae sobre las obligaciones estatales con el medio ambiente. 

Nombre de la opinión consultiva

OC-23/17. Opinión Consultiva sobre las obligaciones estatales con el medio ambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal.  

Información de identificación de la opinión consultiva

Opinión consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la república de Colombia. 

Resumen del la opinión consultiva

El Estado de Colombia realizó a la Corte Interamericana una consulta sobre las obligaciones estatales frente al medio ambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación a las obligaciones consagradas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado. Lo anterior bajo el riesgo que advierte el Estado colombiano en que en la Región del Gran Caribe se están llevando a cabo grandes obras de infraestructura, que podrían ocasionar un daño significativo al entorno marino, gracias a las acciones u omisiones de los Estados ribereños. 

Derechos analizados

Derecho medioambiental, derecho a la integridad física y derecho a la vida

Interés de participación

El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario de Colombia, como clínica jurídica de interés público, tiene dentro de sus objetivos velar por la protección de los derechos humanos de las personas, teniendo una especial trayectoria en la defensa del medio ambiente. Se presenta entonces la intervención con la intención de aportar a la Corte elementos importantes sobre las características y particularidades de la Región del Gran Caribe. Así mismo, se busca mencionar algunos elementos de derecho ambiental e internacional, que resultan pertinentes en el análisis referente a la interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4 y 5 de la CADH, en relación con la protección medioambiental de esta región.

Pretensión jurídica

Se solicita que se realice la interpretación de la CADH en relación con tratados en materia ambiental y, en general, normas ambientales consagradas en tratados y en el derecho internacional consuetudinario aplicable y que la interpretación que haga la Corte IDH de los derechos humanos a la vida e integridad personal de los habitantes de las zonas afectadas a la luz de los deberes en materia ambiental, conlleve a que los Estados impulsores de estos proyectos asuman compromisos tendientes a prevenir o disminuir la ocurrencia de daños medioambientales, que afecten o pongan en peligro el equilibrio ecológico de toda la zona. 

Argumentos principales

•  La Región del Gran Caribe se caracteriza por ser una zona muy biodiversa, donde se encuentran numerosos recursos marinos, los cuales constituyen una fuente de sustento económico y alimentación a través de la pesca. Así mismo, muchos Estados caribeños han explorado el turismo en la región como fuente económica. Esto hace que el entorno marino tenga un importante vínculo cultural, económico, espiritual y recreacional con los habitantes de la costa, lo que se traduce en que, si el hábitat sufre una afectación, esta repercutirá inevitablemente en los pobladores.  
• El Mar Caribe al ser un mar semicerrado con una elevada sensibilidad en su biosfera, que al exponerse a las actividades humanas (como obras de ingeniería, contaminación, proyectos de turismo) se encuentra en riesgo de degradación. Estas actividades alteran el equilibrio ecológico y producen alteraciones en las especies vegetales y animales, los cuales luego se deriven en efectos negativos para la salud de las personas que viven cerca a esta zona. 
• Con el fin de proteger el medio ambiente, existen dos deberes internacionales que resultan relevantes en el caso de estudio, que evitan o mitigan los perjuicios que pueden producirse por las grandes obras de infraestructura. El primero de ellos es el deber de cooperación, el cual implica los compromisos de intercambio de información y participación en la toma de decisiones entre Estados cuando se tratan de asuntos ambientales. El segundo es el deber de precaución, el cual tiene por finalidad prevenir daños graves e irreparables al medio ambiente, aun cuando estos daños se encuentren en una etapa previa de consumación o no exista certeza sobre su ocurrencia.  
• Se busca que los Estados adopten las medidas necesarias para prevenir y cooperar, evitando causar contaminación más allá de sus fronteras y minimizando los posibles riesgos de causar daño, para así lograr un equilibrio de intereses entre el desarrollo de actividad económicas y la preservación de la biosfera. Debe tenerse en cuenta que a pesar de la libertad que tiene un Estado en virtud de su soberanía para realizar los actos que considere pertinentes y beneficiosos, esto no puede derivar en el menoscabo de los derechos de los demás Estados.  
• Así mismo, cuando los riesgos se materializan y se generan daños en el ecosistema, se produce responsabilidad estatal por actos no prohibidos por el derecho internacional. Esta forma de responsabilidad tiene como requisito que el daño se origine de un riesgo producido por una actividad humana.  
• Por último, se recuerda que todas las afectaciones que se hagan en esta parte del Mar Caribe conllevan consecuencias en el derecho a la vida e integridad personal. Bajo la consideración de que, para poder llevar una vida digna, debe contarse con un medio ambiente saludable, que le permita al individuo desarrollarse y tener espacios propicios para su salud y bienestar. Por lo que, los Estados deben tomar todas las medidas para asegurar el reconocimiento de dichos pueblos y proteger sus derechos, garantizando la participación de ellos en la toma de decisiones sobre proyectos que puedan afectarlos

Normativa y jurisprudencia relevante

Nacional

No fue aplicada

Internacional

• Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (o Declaración de Estocolmo), de 1972; 
• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (o Declaración de Río), de 1992 
  
• Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 
  
• Declaración “El futuro que queremos” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, del año 2012. 
  
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
  
• Convenio sobre la Diversidad Biológica 
  
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres  
  
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
  
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
  
• Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios 
  
• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias 
  
• Protocolo relativo al Convenio de Londres 
  
• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
  
• Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo de 1994 
  

Jurisprudencia

• Caso relativo al Proyecto Gabcikovo-Nagymaros. Hungria vs. Eslovakia.Fallo 25 de septiembre de 1997. 
• Caso Myma Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003 
• Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997 
• Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 
• Island of Palmas Case (Netherlands, USA). Judgment of april 4th, 1928
• Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe 

Referencias al Amicus en la opinión

Se hace mención del escrito de intervención realizado en la sección II sobre el procedimiento de la Corte, en el listado de Observaciones escritas presentadas por organismos estatales, asociaciones internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. Así mismo, la Corte tuvo en cuenta lo expuesto sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, resaltándose expresamente el deber de garantizar su protección y el goce de sus derechos. 

Referencia al Amicus en otras instancias judiciales

Si bien no se encuentran citados en otras instancias judiciales, la consulta elevada por Colombia y los argumentos expuestos por la clínica responden a un debate jurídico dado al interior del país de manera previa a la opinión consultiva. Así, en Colombia se inició en el año 2011 un proceso judicial con el objeto de proteger derechos e intereses colectivos relacionados a la Reserva de Biosfera Seaflower, (radicado 88001-23-31-000-2011-00011-01), en la cual el Grupo de Acciones Públicas participó como coadyuvante indicando los peligros de permitir exploración de hidrocarburos en la región del Gran Caribe. 

Impacto adicional

El principal impacto adicional que tuvo el escrito de intervención fue al interior de la clínica jurídica GAP, pues fue una oportunidad para investigar estándares de derecho internacional de los derechos humanos en asuntos de obras transnacionales. Adicionalmente, como resultado del litigio estratégico implementado por el GAP durante el caso, no solo se defendió al ecosistema de los riesgos a los que se estaba enfrentando, sino que también se impulsó el establecimiento de un estándares para la aplicación del principio de precaución en tribunales internacionales de derechos humanos.

•    Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101.
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf 
•    Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf 
•    Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf